En este día, merece la pena hacer una reflexión especial acerca de
los efectos que la mal llamada crisis está teniendo en los
trabajadores inmigrantes que se encuentran en España. Si bien esta
situación está afectando a todos los trabajadores, sea cuál sea su
nacionalidad, es cierto también que se ceba con los más débiles y
precarios y que, solo por el hecho de ser migrantes, se ven más
afectados por algunas de las consecuencias de las nefastas políticas
que se están adoptando por los gobiernos de turno.
Todos conocemos las cifras oficiales del desempleo, pero se ocultan
otras cifras que tienen especial relevancia:
La falta de trabajo implica que los trabajadores inmigrantes tengan
dificultades para renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo,
pues estar activos o cobrando prestaciones es un requisito
indispensable para que dicha renovación se haga efectiva.
No solo se está afectando la renovación de los trabajadores
migrantes, sino también la de sus familiares, ya que se están
pidiendo medios económicos estables para renovar las autorizaciones
de los hijos de dichos migrantes, o de sus cónyuges (no activos
laboralmente). Para dichas renovaciones se piden unos medios
excesivos, que no son acordes a la situación económica media de las
familias españolas.
De esta manera, los trabajadores inmigrantes sin empleo están
quedándose en situación irregular o viendo cómo sus hijos se
quedan en situación irregular, lo que les acarrea complicadísimas
situaciones administrativas y sociales a pesar de estar perfectamente
integrados en Estado Español y volver al miedo y a la incertidumbre
de una posible expulsión a países de los que salieron hace mucho
tiempo y con los que sus hijos muchas veces no tienen vínculo
alguno.
Para evitar dichas situaciones podían adoptarse criterios más
flexibles por parte de las Autoridades competentes en materia de
Extranjería
Los trabajadores inmigrantes están viéndose obligados, para sacar
adelante a sus familias, a la compra de contratos, lo que está
siendo sancionado inflexiblemente por la Inspección de trabajo y por
la Oficina de Extranjería, y sin embargo no estamos viendo que se
esté siendo igual de implacable en la persecución del fraude por
parte de las empresas, a pesar del conocimiento que se tiene de dicha
situación generalizada en la provincia de Almería y de los réditos
económicos que tendría para el Estado español.
Los empresarios agrícolas, amparados por la situación social y por
el marco legal de precarización que se está creando (como la
reforma laboral), tienen la excusa perfecta para justificar despidos,
para negarse a dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores,
a pesar de que tienen autorización de trabajo y residencia, y para
declarar a la Seguridad Social un número ridículo de jornadas a los
trabajadores del campo, lo que incide directamente en todos sus
derechos...
Denuncia: los políticos y gobernantes están legislando y
gobernando para protegerse ellos y a sus amigos empresarios, y están
dejando desprotegida a la clase trabajadora, despreocupándose de sus
derechos, intentando a toda costa que los trabajadores migrantes
pierdan sus papeles (parece que a efectos de bajar así las cifras
del desempleo), para poder expulsarles y quitárselos de en medio
ahora que les molestan o para poder explotarles a su antojo, en
beneficio de las empresas.
Exigimos:
- Interpretación más flexible de ley y reglamento de extranjería, y si es necesario, su modificación urgente para garantizar a las familias en situación socio-económica vulnerable, que puedan vivir tranquilos y buscar empleo, etc...
- Cesar en el afán recaudatorio contra el trabajador migrante y en general contra la clase trabajadora: recaudar frente a las empresas, grandes fortunas, etc...
- Cesar en la interpretación de las personas migrantes como mano de obra que manejar al antojo del capital y considerarles como personas dignas y sujetos de derecho.
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